Publicado el 10/06/2025 por Administrador
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La ciudad de Los Ángeles continúa siendo el epicentro de una creciente ola de manifestaciones ciudadanas, pese a que el gobierno federal ha desplegado tropas de la Guardia Nacional y marines en sus calles. Las protestas, que ya suman varios días, tienen como detonante las redadas migratorias promovidas por la administración Trump, las cuales han sido ampliamente rechazadas por la ciudadanía y autoridades locales.
Desde el pasado 6 de junio, grupos de manifestantes se han congregado en distintos puntos del centro angelino para expresar su repudio a lo que consideran una política “cruel y deshumanizante” contra inmigrantes. Aunque la mayoría de las marchas se desarrollan de forma pacífica, también se han reportado actos de vandalismo y enfrentamientos con la policía, lo que ha intensificado el clima de tensión.
El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de unos 4.000 efectivos de la Guardia Nacional, así como el traslado de 700 marines desde Twentynine Palms, sin contar con la aprobación del gobierno estatal. Esta decisión ha desatado una tormenta política entre Washington y California, que ahora busca frenar la intervención mediante acciones legales.
El gobernador Gavin Newsom ha interpuesto una solicitud judicial urgente para bloquear la participación de las tropas federales, argumentando que su presencia viola la soberanía estatal y contraviene leyes que limitan el uso de militares en funciones civiles. “Esto no es apoyo, es ocupación”, expresó Newsom en una conferencia de prensa.
Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó duramente el envío de tropas, afirmando que “la ciudad se ha convertido en un laboratorio de militarización” y cuestionó que la presencia armada solo ha contribuido a escalar el conflicto. Aun así, reconoció que se han registrado actos vandálicos en zonas del centro, lo que llevó a imponer un toque de queda en un radio de una milla cuadrada.
Hasta el momento, las autoridades locales han reportado 197 personas arrestadas durante las jornadas de protesta. Varios detenidos denunciaron uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras lanzadas por agentes de seguridad, lo que ha generado reclamos por parte de organizaciones de derechos humanos.
El operativo federal ha tenido como uno de sus objetivos principales proteger instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y garantizar el desarrollo de redadas masivas. Según cifras preliminares, entre 118 y 150 personas indocumentadas han sido arrestadas en el marco de este operativo.
El despliegue militar, que podría extenderse por 60 días, tendría un costo estimado de 134 millones de dólares, según fuentes del Pentágono. Este gasto ha generado críticas por parte de legisladores demócratas, quienes consideran que esos fondos deberían destinarse a servicios sociales y no a una intervención militar innecesaria.
Durante un acto en Fort Bragg, Trump defendió su decisión y calificó las protestas como “una invasión extranjera”, sugiriendo incluso la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección para justificar futuras acciones. Sus declaraciones fueron calificadas como incendiarias por diversos sectores políticos.
Legisladores como Adam Schiff y Alex Padilla han acusado a la Casa Blanca de utilizar las redadas como una herramienta de campaña electoral. “Esto no es seguridad, es teatro político a costa de los derechos civiles”, expresó Schiff.
La batalla legal por el control del orden público en Los Ángeles continúa desarrollándose, mientras miles de ciudadanos siguen saliendo a las calles para exigir respeto a los derechos humanos, el fin de la militarización y un enfoque más humano en la política migratoria.
